La ley de protección de menores, clave en la justicia social, defendía los derechos infantiles. Establecida en 2015 se ha actualizado en 2021, como Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, es esencial para el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Permite a las comunidades autónomas crear normativas adaptadas para una mayor eficacia. Este post examinaremos cómo esta normativa contribuye a proteger y garantizar los derechos de los menores, y evaluaremos el impacto social que estas leyes han tenido desde su implementación.
¿Qué es la ley de protección de menores?
Se trata del marco legislativo diseñado para proteger y salvaguardar a las personas menores de edad residentes en el territorio nacional. Esta ley pone en el centro el interés superior del menor frente a cualquier otro aspecto. Es básico y primordial que sus necesidades se vean satisfechas y que su vida se desarrolle en un entorno familiar libre de violencia y apto para su crecimiento.
Partiendo de esta base se incluye que sus deseos y opiniones se han considerado para proteger su bienestar emocional y psicológico. En este marco legal también se recogen sus obligaciones dentro del ámbito social y escolar.
Para completar el marco legal se reflejan las obligaciones de los progenitores y la Administración a la hora de dar a conocer su contenido y garantizar su cumplimiento.
Aspectos clave de la ley de protección de menores
Dentro de la ley aparecen una serie de aspectos clave que dan una gran relevancia al trato que deben recibir los menores de edad. Estas son las cuestiones fundamentales que se remarcan en la normativa.
- Respuesta ante casos de abandono
Se da prioridad al acogimiento familiar por encima del residencial con independencia del periodo de tiempo. Esto supone integrar al niño, niña o adolescente en una familia para ayudar a un desarrollo más adecuado durante su infancia.
- Unificación y simplificación de la adopción
Se unifican los criterios a escala nacional para las familias adoptantes. Al mismo tiempo, se suprime la necesidad de autorización de los padres biológicos en aquellos casos que no hayan intentado recurrir la decisión en los dos años anteriores. Además, se implanta la figura de adopción abierta, para mantener el contacto con los padres biológicos con autorización judicial y consentimiento de las tres partes, así como el derecho de los niños, niñas o adolescentes a conocer sus orígenes y consultarlos al cumplir los 18 años.
- Limitación de tiempo en procesos temporales
Por norma general, se limita a dos años cualquier situación de temporalidad de los niños, niñas o adolescentes. Transcurrido este tiempo se buscará una solución permanente en su beneficio. Solo el fiscal de menores podrá solicitar la revocación de la misma.
- Separación de los centros de protección
Se establece una nueva normativa de convivencia en los centros de protección. Esto supone la separación de aquellos que cuentan con un diagnóstico de trastorno de conducta de los que no lo tienen.
- Nuevos requisitos para las personas profesionales
Las personas profesionales que desarrollan una actividad con contacto habitual con niños, niñas y adolescentes, deberán cumplir nuevos requisitos. No pueden tener antecedentes de delitos contra la libertad e identidad sexual, trata de seres humanos o explotación de menores. Tendrán que presentar un certificado de idoneidad emitido por el Ministerio de Justicia que garantice que no figuran en el Registro Central de Delincuentes Sexuales.
- Protección de víctimas de violencia
Este apartado fue reformado y ampliado por la nueva legislación de 2021 que hace hincapié en este tipo de situaciones. Para garantizar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes establece una serie de medidas entre las que destacan las siguientes:
- Cooperación: se establece la colaboración de todas las Administraciones para la detección de estas formas de violencia.
- Formación: se garantiza la formación continuada y constante de los profesionales que trabajan con niños, niñas y adolescentes para detectar indicios de violencia.
- Nuevos derechos: se recogen nuevos derechos para niños, niñas y adolescentes como el de ser escuchados, asesorados e informados. Además, se los capacita para intervenir en los procedimientos judiciales.
- Resoluciones más rápidas: se establecen medidas para garantizar la resolución a la mayor brevedad posible de actuaciones que impliquen a niños, niñas y adolescentes.
Derechos de los niños, niñas y adolescentes según la ley de protección de menores
Los niños, niñas y adolescentes cuentan con derechos que parten de la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959. La ley los recoge y establece nuevos basándose en el desarrollo de la sociedad y la adecuación a los cambios que registra. Los fundamentales son:
- Derecho de igualdad sin ningún tipo de distinción.
- Derecho a la protección y el desarrollo de la vida en condiciones de libertad y dignidad.
- Derecho a una nacionalidad y un nombre.
- Derecho a la salud, alimentación y vivienda.
- Derecho a una educación y a los cuidados especiales que fuesen oportunos.
- Derecho a crecer bajo el amparo de los padres.
- Derecho a disfrutar del juego.
- Derecho prioritario a recibir protección y auxilio.
- Derecho a la protección ante cualquier tipo de abandono o explotación.
Desde esta base se desarrolla la normativa nacional para especificar y ampliar estos derechos. Para ello se emplea la figura jurídica del interés prioritario del menor, con cierto carácter abstracto, pero que busca poner a los niños, niñas y adolescentes en el punto central de la toma de decisiones. El desarrollo de este concepto jurídico aporta nuevos derechos como los siguientes:
- Derecho al honor, la intimidad y la imagen.
- Derecho a la libertad de expresión.
- Derecho a ser escuchado.
- Derecho de participación, asociación y reunión.
- Derecho a comparecer en actuaciones judiciales teniendo un peso preferente.
- Derecho a la solicitud de asistencia legal.
Responsabilidades de los adultos e instituciones
La ley también recoge una serie de obligaciones para adultos e instituciones. Con ellas, se busca proteger la integridad de los niños, niñas y adolescentes y garantizar la implantación de la normativa. Estos son los tres más relevantes:
- Deber de comunicar cualquier indicio de violencia por parte de toda la sociedad.
- Obligación de las Administraciones de formar e informar sobre este marco legal.
- Amparar y proteger a los niños, niñas y adolescentes frente a cualquier situación que atente contra su desarrollo.
Su incumplimiento puede conllevar actuaciones de carácter administrativo o penal.
La ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia se ha desarrollado sobre un principio básico: poner el interés superior del menor en el centro de cualquier actuación. Partiendo de esta base se desarrollan nuevas obligaciones y derechos que buscan salvaguardar a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad. Conocerla te ayudará.
En Fundación Aldaba disponemos de programas de acogida para jóvenes y ofrecemos programas educativos y de formación para ayudarles a desarrollar habilidades vitales y mejorar sus oportunidades de futuro.
